La resolución judicial aclara que las administraciones solo pueden adjudicar servicios sin licitación a empresas públicas si ejercen un control efectivo y decisivo sobre ellas. En el caso de Fisersa, el Ayuntamiento de Figueres ostenta el 99,87% de las acciones, lo que deja al Ayuntamiento de Vilafant y al Consejo Comarcal del Alt Empordà sin capacidad real de decisión estratégica.
“"Resulta relevante que los Estatutos contengan una previsión específica en la que se contemple un derecho de veto o que se imponga la necesidad de su voto favorable para las decisiones estratégicas."
Esta decisión afecta directamente a la gestión de la Xarxa Albera, que suministra agua a municipios como la Jonquera, Agullana, Pau o Vilajuïga. Según la sentencia, los encargos realizados en 2013 y 2021 podrían ser declarados nulos si no se modifican los estatutos de la empresa.
