La propuesta de regularización de migrantes, anunciada a principios de año por el Gobierno, ha generado una reacción positiva entre la mayoría de las empresas. Sectores como la construcción y el sector primario ven esta medida como una solución urgente ante la creciente actividad y la dificultad para encontrar personal dispuesto a aceptar las condiciones y salarios a menudo bajos que se ofrecen en estas áreas.
“"Es gente que ya está trabajando; ahora lo podrá hacer con derechos."
Los sindicatos, aunque apoyan la medida, confían en que esta permita aflorar miles de puestos de trabajo que actualmente se desarrollan bajo las precarias condiciones de la economía sumergida. Tanto CCOO como UGT han alertado que será necesario acompañar la regularización con medidas extraordinarias para perseguir a los empleadores que sigan dando trabajo irregularmente.
“"Las empresas de la construcción necesitan muchas veces gente de hoy para la semana que viene y los procesos de contratación en origen están muy alambinados, no funcionan."
Economistas e investigadores como María Miyar de Funcas y Claudia Finotelli de Fedea coinciden en que estos migrantes complementan la mano de obra autóctona, ya que ocupan puestos que los nacidos en España no desean. Además, la patronal catalana Pimec ha puesto el foco en la urgencia de la inclusión social y ha reclamado a la Administración que, además de emitir autorizaciones, se imparta formación para mejorar la empleabilidad a largo plazo de los beneficiarios.
