El Ayuntamiento de Vilamalla ha comenzado a imponer multas coercitivas a la empresa logística Primafrio. La sanción es de 3.000 euros cada quince días hábiles mientras la compañía continúe desarrollando su actividad en una zona industrial del municipio de forma irregular, tras haber hecho caso omiso a una orden de cese acordada hace meses.
El alcalde, Albert Ramos, ha explicado que el principal problema reside en que la urbanización del sector, que incluye calles y alumbrado, aún no ha sido recepcionada. Según Ramos, la construcción de la nave ha avanzado más rápidamente que la urbanización de los servicios necesarios.
El Ayuntamiento incoó un expediente de disciplina urbanística considerando las obras una infracción grave, con una propuesta de sanción de 150.000 euros y la obligación de restaurar los terrenos. Informes municipales desaconsejaron la puesta en funcionamiento de la actividad, y a pesar de la orden de cese de enero y la desestimación de un recurso posterior, la actividad logística ha continuado.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno Local acordó el 20 de mayo iniciar el procedimiento de multas disuasorias. Las últimas alegaciones presentadas por la empresa, el 6 de julio, también han sido desestimadas, y el expediente sigue abierto.
El alcalde Ramos defiende que el consistorio ha seguido todos los trámites administrativos con rigor y garantías jurídicas, considerando la complejidad del caso y el tamaño de la empresa. También ha respondido a las críticas de la entidad ecologista IAEDEN-Empordà, asegurando que la entidad no tenía en cuenta las actuaciones municipales posteriores a febrero.
