El expresidente Carles Puigdemont ha aprovechado la semana más complicada de Rodalies, marcada por el accidente mortal en Gelida y la huelga encubierta de maquinistas, para desgastar al Govern de Salvador Illa. En un vídeo grabado desde Waterloo, afirmó que “los trenes no funcionan” y que la situación obedece a la “incompetencia socialista” y la “dependencia del Estado”.
Sin embargo, la formación neoconvergente mantiene su cuota de poder en compañías estatales estratégicas. Tras la reunión de la dirección en Perpiñán, donde se pidió la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, Puigdemont insistió en que “en manos de los españoles, las infraestructuras no funcionan”.
La presencia de consejeros de Junts en empresas estatales es vista internamente como una 'impostura' y una 'incoherencia' que contradice el discurso público de ruptura.
El economista Eduard Gràcia, considerado un hombre de confianza de Puigdemont, ocupa una de las sillas del consejo de administración de Renfe Operadora desde hace un año. Gràcia participa en las decisiones estratégicas que afectan a la red ferroviaria, incluyendo los presupuestos y las inversiones que Junts critica públicamente por su ausencia.
Gràcia no es el único ejemplo de esta estrategia de “soft power”. Otras figuras vinculadas al independentismo mantienen cargos en empresas estatales, como el exconsejero Ramon Tremosa en Aena, el comunicador Miquel Calçada (Mikimoto) en el consejo de RTVE, y Pere Soler, exdirector de los Mossos d'Esquadra, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
