Esta iniciativa prevé la incorporación de un agente de paisano, sin armamento, en las plantillas de escuelas e institutos de las zonas educativas de L'Hospitalet, Vic, la Alta Ribagorça-Vall d'Aran y Tàrrega. También se aplicará en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell. Según fuentes del Departamento de Educación, el proyecto se extenderá a todo tipo de centros, no solo a los considerados conflictivos o complejos.
El Departamento de Educación justifica el plan por el aumento de la complejidad en el entorno educativo y la necesidad de garantizar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad. Esta medida, que ha sido
“"una demanda fuertemente reclamada desde el mundo docente"
implica que el agente realizará tareas de prevención, acompañamiento e intervención para asegurar la convivencia escolar. Se trata de un proyecto piloto que busca consolidar la figura de los agentes integrados como referentes en los centros educativos.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte oposición entre docentes y familias. El sindicato USTEC ha calificado de
“"muy grave"
la presencia de policías en las escuelas, argumentando que
“"la convivencia no se resuelve con policía"
El sindicato mayoritario considera que el Departamento de Educación responde con una
“"lógica policial"
a un problema educativo y social, desviando el debate de los recursos que realmente necesitan los centros. USTEC ha instado al departamento a rectificar y a invertir en los recursos que la comunidad educativa demanda desde hace años.
Las asociaciones de familias también han expresado su desacuerdo con la prueba piloto. Desde la Affac, que agrupa a la mayoría de asociaciones de familias de escuelas e institutos públicos de Catalunya, han manifestado estar
“"completamente en desacuerdo"
con el plan, considerando que va en la dirección contraria de lo que necesitan los institutos, especialmente los públicos catalanes. Han subrayado que los centros con más conflictividad suelen concentrar alumnos en situaciones socioeconómicas vulnerables.
Las AFAs insisten en que el bienestar de los alumnos no se puede garantizar con políticas de seguridad, ya que las fuerzas de seguridad están preparadas para el control y el ejercicio de la fuerza, no para educar. Por lo tanto, defienden que la prioridad en los institutos debe ser la educación y no el ejercicio de la fuerza.
Aunque en Catalunya el plan se encuentra en una fase inicial, otros territorios del Estado ya han implementado medidas similares. Hasta nueve comunidades autónomas, como Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid y las Baleares, tienen proyectos de este tipo en marcha. La Generalitat también destaca que, según la OCDE, la mitad de los países desarrollados cuentan con programas de colaboración entre escuelas y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios. La presentación del plan a los centros educativos implicados en Catalunya finalizó el 21 de abril.
