A pesar de las intensas movilizaciones y protestas del sector agrario en toda Europa, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se formalizó el sábado 17 de enero en Paraguay. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El pacto, negociado durante más de veinticinco años, contempla la eliminación del 91% de los aranceles para las exportaciones de la UE al Mercosur y del 92% para las importaciones procedentes del mercado sudamericano. Sin embargo, su entrada en vigor requiere la aprobación del Parlamento Europeo, un proceso que podría demorarse si el pacto es llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
“"Ya de por sí, producir es más caro, porque los condicionantes naturales son diferentes, si a esto se añade el hándicap legislativo supone un doble castigo para el campo europeo."
Joan Vidal, coordinador comarcal de Unió de Pagesos en la Anoia, enfatiza que la principal amenaza reside en la desigualdad de las condiciones de producción. Mientras que la UE impone una legislación “muy restrictiva” en fitosanitarios y burocracia, los países del Mercosur operan con costes significativamente más bajos, lo que se traduce en una “competencia desleal”.
La supresión de aranceles facilitará la entrada de productos básicos como cereales, carne de vacuno y pollo a precios muy inferiores a los costes de producción europeos. El sector agrario reclama la revocación del acuerdo o, en su defecto, la implementación de medidas compensatorias, como controles fronterizos rigurosos o ayudas directas para proteger la renta de los agricultores.
