La ciudad de Igualada se ha posicionado como el segundo municipio catalán de más de 20.000 habitantes con una presencia más elevada de pensionistas, registrando un 21,8% sobre el conjunto de la población. Esta cifra solo es superada por Esplugues de Llobregat, que alcanza el 23%, e iguala la de Cerdanyola del Vallès. La proporción en Igualada es casi dos puntos y medio superior a la media catalana, que se sitúa en el 19,4%.
Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de 2025, Igualada cuenta con 9.263 perceptores de pensiones contributivas sobre una población total de 42.449 habitantes. De estos, 5.006 son mujeres (54%) y 4.257 son hombres (46%), evidenciando la mayoría femenina dentro del colectivo.
A nivel comarcal, la Anoia suma 25.713 pensionistas sobre una población de 129.956 habitantes, representando un 19,8%, ligeramente por encima de la media catalana. Municipios más pequeños dentro de la comarca presentan porcentajes aún más elevados, como Calonge de Segarra (34,6%) o Castellfollit de Riubregós (30,1%). Entre los municipios con más población, destacan Capellades (24,8%) y Calaf (23%).
El número de pensionistas en la Anoia ha experimentado un crecimiento del 20,2% en los últimos catorce años, pasando de los 21.389 en 2011 a los 25.713 actuales. Esta tendencia se enmarca en el envejecimiento progresivo de la población catalana, con incrementos notables también en comarcas como Osona (+2,8%) y la Cerdanya (+2,7%).
Paralelamente, la cuantía media de las pensiones en Cataluña creció un 4,4% durante 2025, alcanzando los 1.575 euros brutos mensuales. El Barcelonès lidera los importes más elevados (1.694 euros), mientras que la Terra Alta presenta la media más baja (1.156 euros). En Igualada, la media se sitúa por debajo de la media catalana, reflejando la diversidad económica dentro del colectivo.
La elevada proporción de pensionistas en Igualada y la Anoia pone de manifiesto retos demográficos futuros en ámbitos como la atención sanitaria, los servicios sociales y las políticas de apoyo a la tercera edad, una realidad cada vez más determinante para las políticas locales.
