La Mesa de Vivienda del Alt Pirineu y Aran, liderada por el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) y el Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, ha organizado la tercera Jornada de Vivienda Rural y de Montaña en Alp. El evento ha reunido a unas sesenta personas para exponer las herramientas que ofrece la nueva normativa urbanística, concretamente el Decreto ley 6/2026, de 5 de mayo, para facilitar la creación de vivienda y actividades económicas en municipios rurales y de montaña.
Esta nueva normativa permitirá reconvertir edificaciones rurales sin valor patrimonial en residencia habitual, actividades artesanales, transformación de productos agrarios, profesiones liberales o equipamientos sociales. También se reconocen los antiguos núcleos de población en suelo no urbanizable como vecindarios rurales, permitiendo su rehabilitación, ampliación y división horizontal, siempre respetando la integración paisajística. El nuevo marco normativo introduce instrumentos de planeamiento urbanístico más simples y flexibles, como el POUM rural, para facilitar el arraigo y el impulso económico.
El director del IDAPA, David Vallvé, destacó que "la vivienda es, sin duda, uno de los retos esenciales del país" y que en el Alt Pirineu i Aran la complejidad es mayor por las características geográficas y demográficas, lo que requiere "herramientas y soluciones adaptadas". La jornada ha servido para analizar estas herramientas y debatir las dificultades que afrontan estos territorios.
El Decreto ley crea dos nuevas herramientas: un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable (diferente del catálogo de masías) para construcciones recuperables, y la figura de los vecindarios rurales para núcleos antiguos con más de 100 años. Además, se incorpora el POUM rural, un instrumento de planeamiento más ágil para crecimientos moderados, y se flexibiliza la reserva de suelo para vivienda de protección pública.
En materia de contratación pública, el decreto ley simplifica procedimientos y plazos, permitiendo la licitación conjunta de redacción y ejecución de proyectos. También facilita que Infraestructures de la Generalitat actúe como medio propio de los entes locales para aportar apoyo técnico y de gestión.
