La disputa legal afecta al personal que, entre mayo de 2019 y diciembre de 2022, realizó jornadas superiores a las estipuladas en su valoración de puesto de trabajo. Según la sección sindical de CCOO, el consistorio rechazó inicialmente todas las solicitudes por registro, obligando a la plantilla a acudir a los tribunales.

El origen del conflicto se sitúa en el mandato de Marta Madrenas, aunque la actual concejala Sílvia Aliu ya abordó el tema en el pleno municipal tras las primeras sentencias firmes. El gobierno local ha elevado una treintena de estos casos al TSJC al no haber alcanzado todavía un acuerdo global con los sindicatos.

Se estima que el coste total para las arcas públicas podría superar el millón de euros, dado que todavía quedan entre 80 y 100 juicios pendientes. Las compensaciones ganadas hasta ahora suponen una media de entre 8.000 y 9.000 euros por cada empleado afectado.