Con una trayectoria de más de quince años en domicilios y residencias de Barcelona, Girona y el Empordà, Isabel Faya se ha convertido en una voz crítica contra el sistema actual de cuidados. A sus 68 años, la situación la obliga a seguir en activo para evitar una pensión mínima de 500 euros, fruto de años de trabajo en la economía sumergida.
“"Es muy triste tener que hacer este trabajo con 50, 60 años o más porque es durísimo."
El desgaste físico es una de las consecuencias más directas de esta profesión. Faya, que actualmente se encuentra de baja por una lesión, describe un día a día marcado por dolencias físicas y una fuerte carga emocional ante la pérdida constante de pacientes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el envejecimiento de la población aumentará la demanda de cuidados, pero el sector sigue sin una regulación efectiva que proteja a las trabajadoras, muchas de ellas mujeres migrantes en situación irregular.
