Los dispositivos se han colocado en fachadas y suelos del perímetro de las calles Codinella y Galceran Andreu. Estos testigos permitirán auditar cualquier movimiento sísmico derivado de la excavación, que alcanzará los 12 metros de profundidad para albergar dos plantas subterráneas y un aparcamiento.

El calendario de las obras, que cuentan con una inversión de 22 millones de euros, se ha visto alterado por la falta de permisos administrativos. La Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial debe validar todavía las pruebas sísmicas previas, lo que pospondrá el inicio de las detonaciones controladas más allá de la fecha prevista inicialmente.

Además del control técnico, se llevará a cabo una revisión del estado de 68 viviendas cercanas para evitar reclamaciones por daños. Mientras tanto, los operarios continúan con las excavaciones mecánicas y el seguimiento arqueológico preventivo en el solar de los antiguos juzgados, donde por ahora no se han hallado restos significativos.