La disputa legal se originó entre 2021 y 2023, cuando el anterior gobierno municipal denegó las actualizaciones de tarifas solicitadas por la empresa. Cuatro sentencias judiciales han dado la razón a l'Onada, obligando al consistorio a compensar los ingresos no percibidos durante ese periodo.
“"Es un dinero tirado que tendríamos para poder gastar en mantenimiento, en calles, o en otras inversiones."
Gracias a un acuerdo extrajudicial, la empresa ha perdonado 75.000 euros en intereses. El pago principal de la deuda se efectuará antes del 31 de diciembre de este año, normalizando así las relaciones entre la institución y la entidad gestora del centro de mayores.
