La decisión del juez Peinado se produce después de que la sala de apelaciones corrigiera al instructor de la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, quien había imputado a Martín Aguirre por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
El tribunal de apelaciones había indicado previamente que la investigación contra el delegado del Gobierno se fundamentaba en “meras suposiciones”, obligando al sobreseimiento de las actuaciones.
Resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos.
El auto, fechado el 17 de diciembre, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Martín Aguirre, desvinculándolo totalmente de la investigación principal.
