La decisión de ICL, que en España dirige Alberto Serfaty, representa un revés significativo para la economía de Cataluña. Esta inversión estaba destinada a impulsar la actividad industrial de calidad en la comarca del Bages y generar nuevos puestos de trabajo fuera del área metropolitana de Barcelona.
La pérdida de esta inversión es una pésima noticia para la economía catalana y para la descentralización industrial.
Uno de los factores determinantes en la cancelación ha sido la caída de una subvención de 140 millones de euros que la empresa esperaba recibir de la Comisión Europea para financiar el proyecto. Sin este apoyo, la viabilidad financiera se vio comprometida.
Además del problema de financiación, el grupo ha implementado un cambio en su estrategia global. Esta modificación se debe a una demanda de vehículos eléctricos inferior a la proyectada inicialmente, afectando la planificación industrial de ICL. Los terrenos de Sallent permanecerán sin uso, aunque esto podría ser visto como una buena noticia para los grupos vecinales que protestaron contra la fábrica.
