El consistorio de Cambrils ha reiterado que la adquisición de estos equipos "no se puede equiparar a adquirir armas o material ofensivo", sino que se ha llevado a cabo con "criterios de seguridad laboral y protección". El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, justificó que los chalecos son equipos de protección individual "para proteger la vida de los agentes", especialmente en un contexto de nivel 4 de alerta antiterrorista.
“"Lamentamos que se menosprecie la seguridad laboral de los trabajadores públicos con la denuncia."
El Ayuntamiento insiste en su "respeto absoluto por los derechos humanos y su compromiso con la legalidad vigente", defendiendo que este compromiso es "plenamente compatible con dotar a la Policía Local de los equipos de protección necesarios". El consistorio subraya que los chalecos antibalas "no tienen ninguna capacidad ofensiva" y se enmarcan dentro de las obligaciones legales de prevención de riesgos laborales.
Martínez defiende que "se ha actuado dentro de la legalidad y con total transparencia" pero señala que el real decreto que prohíbe la compraventa de material de defensa israelí "no contiene una regulación específica, inequívoca y directa sobre equipos de protección individual en el ámbito de las policías locales".
“"Cuando existe duda interpretativa, no puede existir prevaricación."
La querella criminal interpuesta por el grupo de los Comuns denuncia la compra de 63 chalecos antibalas por un importe de 48.844,99 euros, adjudicados a la empresa Guardian Homeland Security, por presunta prevaricación y malversación.
