Este pacto, cuyo contenido se hará público el día del inicio del juicio, implica que uno de los acusados, el expresidente del Institut Català de la Salut (ICS) y exdirector general de Innova, reconoce los delitos de falsedad, malversación y prevaricación. No se ha especificado si el acuerdo del otro acusado, un arquitecto, se ha formalizado en los mismos términos.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para ambos ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de dos años de cárcel y una multa de 200.000 euros por tráfico de influencias. El anuncio del acuerdo se produjo durante la primera sesión de cuestiones previas de la macrocausa, que investiga presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del Hospital Sant Joan de Reus y que llega a juicio catorce años después de que estallara la investigación judicial.

La vista celebrada en la Audiencia de Tarragona sirvió para abordar aspectos técnicos y procesales previos al inicio del juicio oral. En este trámite, las partes comunicaron el acuerdo alcanzado con los dos investigados, quienes ocuparon cargos de responsabilidad en el ámbito de la salud y la gestión de infraestructuras. Uno de ellos fue director general de Innova entre 2007 y 2011, mientras que el otro fue asesor técnico de Innova tras dejar la administración sanitaria.

La Fiscalía les atribuía delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias por las contrataciones presuntamente irregulares vinculadas a la construcción del nuevo hospital. Se sostenía que uno de los acusados simultaneó trabajos para Innova y para la UTE adjudicataria del proyecto, generando un sobrecoste para las arcas públicas.

Por el momento, ni la Fiscalía ni las defensas han detallado el alcance de los pactos ni las posibles rebajas de pena. La causa principal del caso Innova incluye a seis acusados más, entre ellos el exalcalde de Reus y varios exdirectivos. La investigación judicial se inició en 2012 y se ha prolongado durante más de una década, con varias piezas separadas que fueron archivadas. El juicio ya debía haberse celebrado en mayo de 2024, pero fue aplazado por motivos de salud de uno de los acusados.

Según el escrito de acusación, Innova habría adjudicado contratos y asesorías prescindiendo de los procedimientos legales de contratación pública, favoreciendo a determinados cargos y empresas vinculadas al proyecto hospitalario. Entre las irregularidades investigadas figuran la contratación de asesores externos y la modificación del contrato adjudicado a la UTE encargada del seguimiento técnico de la obra.