El responsable de la abogacía en Reus ha puesto de manifiesto diversos aspectos que generan inquietud en el día a día del sistema judicial. Entre las cuestiones más destacadas se encuentran la aprobación y adaptación de la nueva ley de renovación del poder judicial, la inminente puesta en marcha del segundo juzgado social en la ciudad y la preocupante situación del uso del catalán en los procedimientos.

Según sus declaraciones, el sistema judicial reusense se encuentra en una situación de

una realidad que ya fue alertada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta saturación se atribuye a un volumen de entrada de casos que supera la capacidad de resolución, provocando una acumulación constante. La reciente entrada en vigor de la Ley 1/2025, diseñada para mejorar la eficiencia, habría, paradójicamente, agravado la problemática.

La falta de consulta a los operadores jurídicos durante la elaboración de la nueva normativa ha sido un punto de crítica. El representante de la abogacía lamenta que no se haya tenido en cuenta la experiencia de los profesionales del sector. Además, ha señalado la tendencia a crear leyes que posteriormente resultan inconstitucionales, citando como ejemplo la controvertida ley del

. La falta de presupuestos se considera un factor crucial que afecta directamente al sistema judicial y otros servicios públicos esenciales.

En cuanto al uso del catalán, los datos muestran un retroceso significativo. El porcentaje de sentencias en catalán en Cataluña ha pasado de un 15%-20% en 2019 a un 6%-7% actualmente, una cifra que coincide con los datos del Departamento de Justicia. El portavoz ha subrayado que el uso del catalán en la justicia

y que la normalización depende más de los hábitos de los profesionales y ciudadanos que de cambios normativos. A pesar de este retroceso, las políticas de fomento lingüístico de la Generalitat han registrado un crecimiento progresivo en el período entre 2021 y 2025.