Según los impulsores, la Alcaldía mantiene el procedimiento en espera, argumentando que el consistorio 'no dispone de los medios técnicos y personales suficientes' para gestionar la logística y la verificación de los requisitos necesarios para la consulta. Esta situación ha llevado a los promotores a calificar la actitud municipal como una 'maniobra dilatoria'.
Los miembros de la comisión explican que, ante la falta de personal con perfil jurídico en el Departamento de Participación Ciudadana, se ha solicitado asistencia logística y jurídica a la Diputación de Tarragona. Consideran que esta demora vulnera el derecho fundamental a la participación ciudadana, recogido tanto en el Reglamento municipal como en la legislación vigente.
El Ayuntamiento dispone de la estructura necesaria, pero la utiliza para poner trabas en lugar de facilitar el ejercicio democrático.
La comisión promotora asegura que el argumento de la falta de recursos es una 'excusa' para alargar los plazos, especialmente ante la proximidad de un año electoral. Además, acusan al alcalde, Fran Moracho, de 'vulnerar' el derecho de participación de los ciudadanos.
Los promotores recuerdan que esta 'actitud de inactividad' ya motivó una queja ante la Síndica de Greuges a finales de 2025 por la gestión del expediente. Insisten en que 'sin consulta no hay proyecto' y que la multinacional LOTTE no podrá avanzar sin una consulta popular previa que recoja la voluntad del territorio.
Finalmente, la comisión subraya que una modificación urbanística que 'afecta la salud y el medio ambiente no se puede aprobar' sin el consenso vecinal. Por ello, exigen que se deje 'de instrumentalizar la burocracia para silenciar la voluntad popular' y piden la continuidad inmediata del procedimiento.
