El 1 de diciembre de 2011, muchas familias de l'Aldea vieron cómo sus ahorros quedaban bloqueados, un impacto que aún hoy arrastran. Este colapso económico generó un agujero de 7 millones de euros, de los cuales 4,6 millones correspondían directamente a los depósitos de los socios. La situación fue especialmente dramática para los agricultores, que habían confiado los ahorros de toda una vida a la cooperativa.
“"Fue un choque muy fuerte para nuestro pueblo, piensa que estamos hablando de ahorros de toda una vida, fruto de años de trabajo en el campo, de sudor, y no podíamos creer que los hubiéramos perdido de un día para otro."
La quiebra provocó que algunas familias se quedaran sin recursos para necesidades básicas, como comprar comida, e incluso tuvieron que trasladarse a vivir con familiares. Miquel Carles, presidente de la cooperativa durante los últimos diez años, recuerda que 'en algunos casos la economía de toda una vida quedó a cero'. El alcalde, Xavier Royo, describió el pueblo como 'un pueblo fantasma' en aquellos momentos.
Las investigaciones apuntan a una gestión temeraria, inversiones arriesgadas, controles insuficientes e irregularidades contables como causas principales del desastre. El principal acusado es el exgerente, Daniel Ferré, para quien la fiscalía pide catorce años de prisión por delitos como falsedad contable, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida. Ferré comenzó como contable en 1981 y fue nombrado gerente en 1996, obteniendo un poder general para todas las operaciones de la cooperativa en 2004.
En la causa también están investigadas nueve personas físicas más y una jurídica, Bankia (antigua Caja Madrid), para quien se pide una multa de 14 millones de euros. Entre los acusados se encuentran Antonio Fornós y Manuela Buera, exdirector y exsubdirectora de la sucursal de Caja Madrid, con peticiones de tres años y medio de prisión. La empresa auditora BDO Auditores y su responsable, Juan Carlos Torres, también están implicados por falsedad contable.
Gracias a la gestión de la nueva junta directiva, se han recuperado unos 3 millones de euros de los 7 millones iniciales, mediante la puesta en marcha de la tienda de la cooperativa y el alquiler de instalaciones. El Ayuntamiento de l'Aldea también ha colaborado, adquiriendo un almacén y modificando normas urbanísticas para facilitar la venta de terrenos. A principios de 2023, Caixabank ofreció 2,1 millones de euros para evitar el juicio penal, pero la oposición de cuatro particulares impidió el acuerdo.
Un 20% de los socios afectados ya han fallecido sin ver resuelta la situación. El padre de Enric es uno de ellos. Los socios que firmaron el convenio de devolución progresiva de ahorros, vigente entre 2018 y 2025 y actualmente prorrogado, han recuperado un 19,5% de su dinero. La sentencia judicial es vista como una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso para muchas familias y para el pueblo de l'Aldea.
