La modificación normativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, plantea cambios en el reglamento general de Costas y del Dominio Público Hidráulico. Los afectados temen que los nuevos criterios, basados en la probabilidad de oleaje en lugar de la recurrencia, permitan ampliar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a partir de temporales aislados.
Según los propietarios, la aplicación de esta medida podría comportar que dos tercios del Delta del Ebro queden incluidos dentro del dominio público. Esto supondría una grave devaluación patrimonial y pondría en peligro la continuidad de las actividades agroindustriales, pesqueras y turísticas que se desarrollan en estas tierras.
En el documento de alegaciones, también se reclama una protección específica para los sistemas dunares. Los afectados solicitan que no se incluyan estas zonas en el dominio público, salvo en casos justificados por criterios técnicos y científicos, para preservar la actividad económica actual.
