Catorce años después de la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, en el Baix Ebre, el caso llega finalmente a juicio en la Audiencia de Tarragona. La vista oral, que comienza este martes, se prolongará hasta finales de julio y cuenta con 10 personas como acusadas.

Uno de los puntos clave iniciales será la ratificación o no del acuerdo extrajudicial alcanzado a finales de abril entre Caixabank y los socios afectados. Este pacto prevé una indemnización de 3,2 millones de euros y podría eximir de responsabilidad tanto a dos extrabajadores de la oficina de Amposta como a la entidad bancaria, que absorbió Bankia, heredera de Caja Madrid, responsable inicial de la sección de crédito.

Tanto las acusaciones particulares, ejercidas por la asociación de afectados y la dirección actual de la cooperativa, como la fiscalía, se han mostrado favorables a este acuerdo, según fuentes de la ACN.

Si el acuerdo se ratifica, el principal acusado será el exgerente de la cooperativa, a quien la Fiscalía pide 14 años de prisión por supuestos delitos continuados de falsedad contable, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y administración desleal. Se le reclama también una responsabilidad civil de más de 1,6 millones de euros.

Según el ministerio público, el exgerente habría solicitado un préstamo a Bankia avalado con activos financieros de la cooperativa y posteriormente habría bloqueado estos activos para garantizar la devolución de un préstamo hipotecario de 1,64 millones suscrito en 2008, dinero que supuestamente no llegó a la entidad.

También está acusado el responsable de una empresa auditora, a quien la fiscalía pide 7 años y 3 meses de prisión por falsedad contable y administración desleal por inflar la valoración de los activos. El resto de acusados, proveedores de la cooperativa, se enfrentan a penas inferiores a dos años de prisión.

La quiebra de la sección de crédito se produjo el 1 de diciembre de 2011, dejando a 408 socios sin acceso a sus ahorros y un agujero económico de 4,6 millones de euros.

El juicio, que incluye 293 testigos previstos, la mayoría impositores afectados, se espera que se alargue hasta finales de julio. La cifra de testigos podría reducirse significativamente si se confirma la retirada de las acusaciones contra Caixabank y algunos extrabajadores.