Durante el pasado mes de febrero, se registraron un total de 9.454 alegaciones en respuesta al expediente presentado el 28 de enero por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este documento propone un deslinde marítimo-terrestre en el municipio de Deltebre, lo que implicaría una reducción de la línea de costa sin ningún tipo de compensación para las tierras afectadas.
Esta propuesta no es nueva, ya que un contenido similar se presentó en el año 2023, pero se dejó caducar sin explicaciones. La situación actual pone de manifiesto la falta de inversión en la defensa del Delta durante casi setenta años, desde las primeras construcciones de embalses en la cuenca del Ebro. La retención de sedimentos en los cerca de doscientos embalses existentes ha provocado la desaparición progresiva de la protección natural del territorio.
Un despropósito que evidencia claramente la nula importancia que tiene este territorio para las administraciones, tanto la del Estado como la de la Generalitat.
La falta de acción por parte de las administraciones, tanto estatal como autonómica, es percibida como una clara muestra de la poca importancia que se le da a esta zona. Actualmente, Deltebre es la localidad más afectada por los embates del mar, con playas como La Marquesa y Riumar que prácticamente han desaparecido. Se teme que esta regresión se extienda a todo el Delta, con las islas de Buda y Sant Antoni como ejemplos claros de lo que podría suceder.
A pesar de la gravedad de la situación, la movilización ciudadana con las 9.454 alegaciones representa un fuerte compromiso de la gente del Delta y de fuera, un grito que se espera sea escuchado. Además, la reciente afluencia masiva de turistas durante la Semana Santa ha sido interpretada como un apoyo significativo a esta tierra.
