La vida política en L'Ampolla se encuentra en un estado de máxima alerta, con un intenso intercambio de comunicados entre los diferentes partidos políticos. Tras casi dos semanas de tensión, Junts per l’Ampolla y la marca local del PSC emitieron sus notas, y este martes ha sido el turno de Millorem l’Ampolla, vinculado a ERC, con una nueva réplica al partido mayoritario del equipo de gobierno. El detonante de esta escalada ha sido la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre presuntas irregularidades en el ejecutivo local, centradas principalmente en el uso de contratos menores.

La semana pasada, Junts per l’Ampolla defendió públicamente al alcalde, Francesc Arasa, y a su equipo, lamentando la que consideran una judicialización de la política por parte de los republicanos, con el único objetivo de "ganar en los juzgados lo que no ganaron en las urnas". La respuesta republicana no se ha hecho esperar, criticando el silencio inicial del gobierno y afirmando que las explicaciones "llegadas tarde y mal no son transparencia".

Según Millorem l’Ampolla, la afirmación de Sumem-Junts sobre una gestión correcta del Ayuntamiento es falsa. Señalan que la Fiscalía ha detectado un incumplimiento continuado de la normativa de contratación durante al menos nueve años, con 103 facturas mensuales concatenadas para servicios de comunicación por unos 150.000 euros, y 84 contratos menores de alumbrado por un importe similar. Estos hechos, según los republicanos, incumplen los principios de concurrencia, legalidad e interés general.

El comunicado republicano también cuestiona la "supuesta honorabilidad" del alcalde, argumentando que un alcalde honrado no fragmentaría contratos, no permitiría pagos indebidos a la empresa de la presidenta de su partido, ni sostendría un sistema de contratación irregular durante años. Subrayan que estas prácticas están avaladas por informes de Antifraude y la denuncia fiscal, y que la prevaricación y la malversación son delitos de corrupción.

Ante el argumento de Sumem-Junts de que se trata de "simples irregularidades administrativas", Millorem l’Ampolla distingue entre un error puntual y un patrón mantenido durante casi diez años, con expedientes a medida, pagos indebidos y advertencias ignoradas. Afirman que la responsabilidad de la investigación penal abierta y las imputaciones recae sobre Francesc Arasa, ya que su obligación era alertar a la justicia ante la negativa sistemática a cumplir la ley.