El sector advierte que este suceso no es un hecho puntual, sino que forma parte de una realidad de violencia creciente que sufren los trabajadores. Los manifestantes alertan de que estos ataques comprometen la integridad del personal y afectan directamente a la calidad de un servicio público fundamental.
Estas situaciones ponen en riesgo la integridad de los profesionales y debilitan un servicio público esencial para la cohesión social.
Para frenar esta tendencia, el colectivo reclama que los trabajadores de servicios sociales sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad. También solicitan la creación de protocolos de seguridad más estrictos y medidas preventivas para asegurar un entorno laboral libre de violencia.
