El colectivo denuncia que este incidente no es un caso aislado, sino que refleja una realidad de violencia creciente que afecta a la salud emocional de los empleados. Durante la protesta, se ha reclamado que los trabajadores sociales sean considerados agentes de la autoridad para equipararse a otros sectores públicos.
“"Hay una sensación de impunidad. Los usuarios saben que no les pasará nada."
El presidente del ente, Enric Marquès, ha pedido al Govern cambios legislativos urgentes para acabar con la indefensión de los profesionales. Además del estatus legal, exigen protocolos claros de actuación y medidas de seguridad efectivas en todos los centros de trabajo de la comarca.
