Collbató, el Bruc y Esparreguera exigen cambios en la reforma de la A-2

Los ayuntamientos piden soluciones consensuadas para minimizar el impacto paisajístico y territorial de la autovía Martorell-Igualada.

Imagen genérica de una autovía con tráfico y montañas al fondo, simbolizando una infraestructura vial.
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Imagen genérica de una autovía con tráfico y montañas al fondo, simbolizando una infraestructura vial.

Los ayuntamientos de Collbató, el Bruc y Esparreguera se reunieron el viernes 6 de febrero de 2026 con la Demarcación de Carreteras del Estado para discutir las alternativas de trazado de la A-2 en el tramo Martorell–Igualada.

Los representantes municipales de Collbató, el Bruc y Esparreguera mantuvieron un encuentro con la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña para abordar el estado del anteproyecto de adecuación de la autovía A-2. Este proyecto, que fue sometido a exposición pública en 2011, había generado una fuerte oposición ciudadana, especialmente en Collbató y el Bruc, debido al gran impacto territorial y paisajístico que suponía el trazado inicial.
Durante la reunión, celebrada en la sede de la Demarcación, se detallaron los cambios propuestos y se presentaron dos alternativas específicas para el trazado de la autovía a su paso por Collbató: la construcción de un falso túnel o una variante. La alcaldesa Gemma Rodríguez solicitó un informe técnico detallado al Estado para informar a la ciudadanía y se comprometió a someter estas dos opciones a votación popular.

Los tres municipios coincidieron en la necesidad de que el anteproyecto contemple soluciones consensuadas que minimicen el impacto ambiental y paisajístico.

Además de las alternativas de trazado, se confirmó la posibilidad de crear un aparcamiento disuasorio destinado a vehículos pesados. Esta infraestructura se ubicaría entre Esparreguera y Collbató y estaría pensada para ser utilizada en situaciones de emergencia invernal, como nevadas intensas que afecten el tramo de el Bruc.
Los ayuntamientos enfatizaron la importancia de considerar no solo el impacto ambiental, sino también las necesidades sociales, económicas y de movilidad de las comunidades afectadas. Los consistorios continuarán colaborando con la administración estatal a través de los canales de diálogo para defender los intereses del territorio.