La reivindicación de los bomberos voluntarios de Cataluña para obtener el reconocimiento de su relación laboral con la Generalitat gana terreno, con el apoyo de setenta y siete municipios de veintiuna comarcas. Este apoyo institucional llega poco antes de que comiencen los primeros juicios colectivos, previstos a partir de septiembre y hasta el verano del 2027, a raíz de las demandas presentadas contra el modelo actual.
La asociación Bombers Precaris en Lluita ha impulsado estas mociones, que piden al Departament d’Interior garantizar una cobertura efectiva de Seguridad Social y sanitaria, el reconocimiento de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la aplicación de la prevención de riesgos laborales. Los textos aprobados destacan que los bomberos voluntarios son "bomberos integrales", asumen los mismos riesgos y tareas que los funcionarios, pero denuncian una situación "profundamente precaria" y una "profesionalización encubierta".
El apoyo proviene de municipios de comarcas diversas como el Alt Empordà, el Pallars Sobirà, la Noguera, el Solsonès, la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat. Muchos de estos municipios, pequeños y medianos, dependen de sus parques de bomberos voluntarios. También se han adherido ciudades como Terrassa, Viladecans y Molins de Rei. Un total de dieciocho municipios con parque propio o en su área de influencia han dado apoyo, así como otros con parques de bomberos funcionarios.
La causa de los bomberos voluntarios goza de un amplio consenso político, incluyendo el PSC, partido que lidera el Departament d’Interior. Al menos treinta mociones se han aprobado por unanimidad. Aunque muchos municipios son gobernados por ERC o candidaturas locales, también hay alcaldías de Junts, el PSC y la CUP, entre otros. El apoyo del PSC es significativo, ya que algunos alcaldes socialistas se han desmarcado de la posición del gobierno central.
La situación actual se encuentra bajo la lupa a raíz de una macrodemanda presentada por más de cuatrocientos bomberos voluntarios. Argumentan que, a pesar de la denominación, desarrollan una actividad con todas las características de una relación laboral, especialmente desde el 2020, asumiendo las mismas funciones, requisitos y riesgos que los bomberos funcionarios sin los derechos correspondientes. Denuncian una "profesionalización encubierta" y un "fraude de ley" por parte de la Generalitat.
Las principales reclamaciones incluyen el reconocimiento de la relación laboral, el acceso a la Seguridad Social, el tratamiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. El colectivo compara su situación con la del "bombero rider", exigiendo derechos laborales básicos asociados a las responsabilidades que asumen.
