La ordenanza original, aprobada en el mes de noviembre, prohibía de manera taxativa llenar con agua de las fuentes públicas “garrafas, botellas o cualquier utensilio que permita el almacenamiento”. Esta medida generó una fuerte controversia entre los vecinos y las organizaciones sociales.
Tras finalizar el periodo de alegaciones, el Ayuntamiento ha optado por suavizar la normativa. El nuevo redactado, que se debatirá en el pleno, incorpora el límite de 25 litros. Si se supera este tope, la norma prevé multas que pueden alcanzar hasta los 750 euros.
El principal grupo en la oposición, Movem Martorell (Comuns), llevó el caso a la Síndica de Greuges y celebra la rectificación, aunque mantiene las críticas sobre el fondo de la cuestión.
“"A pesar de la rectificación, la ordenanza continúa vulnerando derechos fundamentales."
Además de los Comuns, una veintena de organizaciones sociales habían registrado alegaciones contra el texto inicial, forzando al gobierno municipal a buscar una solución de consenso para reducir la tensión generada.
