El suceso ocurrió el 23 de agosto de 2020, cuando la joven, residente en Banyeres del Penedès, sufrió una parada cardiorrespiratoria. A pesar de los intentos de reanimación manual, la familia denuncia que no hubo acceso a un desfibrilador (DEA) hasta 20 minutos después de la llamada de emergencia, cuando llegaron los sanitarios.
La acusación señala que ni la Policía Local ni Protección Civil contaban con el dispositivo necesario en sus vehículos. El Ayuntamiento, sin embargo, sostiene que el municipio disponía de cuatro aparatos en puntos clave como la Casa de Cultura o el polideportivo, y que los protocolos se siguieron correctamente.
“"Se podía haber salvado. Si hubiera habido un desfibrilador, las posibilidades habrían sido mucho más altas."
El caso llega este martes a los juzgados de Tarragona. La madre de la víctima, que recogió 70.000 firmas para exigir más DEA en la vía pública, ha anunciado que cualquier indemnización se destinará a formación y equipos de reanimación para la comunidad.
