La consejera, que lidera el Departamento de Economía y Finanzas desde 2024, explicó que la negociación con la vicepresidenta María Jesús Montero buscaba corregir un modelo caducado hacía doce años, que había generado una distancia “enorme” entre comunidades autónomas en la financiación de competencias clave como sanidad, educación y derechos sociales.
Romero calificó la propuesta como “buena” porque el Estado aportará 21.000 millones de euros al sistema, más recursos para compensar comunidades infrafinanciadas como Catalunya, la Comunidad Valenciana o Murcia. Además, el nuevo paradigma se basará en el ingreso y no en el gasto, haciéndolo más transparente y flexible, y otorgando mayor corresponsabilidad.
“"Yo había dicho en algún momento que estaríamos satisfechos con 17.000 o 18.000 millones, y el Gobierno ha acabado poniendo 21.000. Por lo tanto, Cataluña gana más de lo que pensábamos. No me esperaba estos 4.700 millones que nos corresponden."
La aplicación de estos recursos, si se aprueba el nuevo modelo este año, tendrá efecto a partir de 2027, permitiendo incorporar los fondos a los nuevos presupuestos. Estos recursos son vitales para paliar la tensión en los servicios públicos, como la mejora de la inversión en educación (reducción de barracones) y la atención a la dependencia.
Romero subrayó la urgencia de aprobar nuevos presupuestos, ya que se están prorrogando los créditos de 2023, generando problemas de tesorería. Agradeció la “generosidad y la responsabilidad” de los Comuns por abrirse a negociar las cuentas de 2026, mientras espera que ERC cumpla los acuerdos pendientes para reanudar las negociaciones.
