La operación de desalojo del gran asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona, la más grande de la historia reciente de Catalunya, ha dejado a cientos de personas sin hogar. A pesar de que los municipios del entorno daban por hecho el traslado a Barcelona, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) no los acogerá.
La razón esgrimida por la capital catalana es que el desalojo es una acción planificada y, por lo tanto, no se ajusta al convenio de colaboración firmado en 2019 con los municipios del Área Metropolitana de Barcelona, que solo contempla casos de “urgencia o emergencia sobrevenida”. El documento detalla que el traslado a Barcelona es la última opción, y que los municipios deberían ofrecer recursos propios.
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha responsabilizado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la situación. Albiol ha defendido que su consistorio no destinará fondos a vivienda para aquellos que “hacen la vida imposible a los vecinos” y aseguró que solo se había ofrecido hospedaje temporal a unas 16 o 17 personas.
“"Badalona no gastará un euro en darle vivienda a quien hace la vida imposible a los vecinos."
Desde el Parlament, tanto el president de la Generalitat, Salvador Illa, como la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, han defendido que la actuación responde a un mandato judicial. Martínez Bravo ha señalado que el Govern ha derivado a 59 personas a recursos adecuados, pero ha recordado que la competencia de una solución habitacional recae en el consistorio de Badalona.
