El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler Parcerisas, ha inaugurado las jornadas, organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Fundación Justicia Social, en La Pedrera de Barcelona. Espadaler destacó que los dos reales decretos aprobados este año crearán estas nuevas unidades judiciales, con una "apuesta rotunda por el ámbito social" que necesitaba "recursos humanos más allá de las últimas reformas en el ámbito de la eficiencia judicial".
A la inauguración también asistieron la decana del Colegio de Graduados Sociales, Montserrat Cerqueda, y la quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil. Durante el encuentro, profesionales del derecho laboral y la Seguridad Social analizaron retos como la contratación temporal en las administraciones públicas, las últimas reformas de jubilación, la cotización de los autónomos, la jurisprudencia social reciente y los derechos de conciliación.
Las jornadas contaron con ponentes como los magistrados del Tribunal Supremo Juan Molins e Isabel Olmos, el presidente de la Sala Social del TSJC, Jaume González, la catedrática de la UAB Carolina Gala, y representantes sindicales y empresariales.
Los datos presentados durante las jornadas indican un aumento del 40,1% en los asuntos ingresados en los juzgados sociales catalanes en la última década, y un 73,9% en los pendientes de resolución. Las 21 nuevas unidades judiciales, que se incorporarán progresivamente entre 2027 y 2028, incluyen 19 secciones sociales de los tribunales de instancia y 2 a la Sala Social del TSJC, repartidas en diversas ciudades catalanas.
Este refuerzo se enmarca en el despliegue de nuevas unidades judiciales previstas por el Estado para mejorar la capacidad de respuesta, reducir las pendencias y acortar los plazos en procedimientos laborales y de Seguridad Social. El conseller de Empresa y Treball, Miquel Sàmper, clausurará las jornadas mañana junto a Montserrat Cerqueda y la directora de la Fundación Justicia Social, Eva Torrecilla.




