Esta decisión llega tras una investigación que ha revelado un deterioro significativo en el funcionamiento interno de la ACS entre los años 2017 y 2025. El informe de la comisión de investigación señala prácticas contrarias al carácter de sociedad filial del IEC, como actuaciones percibidas como excluyentes o coercitivas, episodios de acoso y presión, y una pérdida de pluralismo y credibilidad institucional.

Durante la sesión plenaria, también se ha aprobado la retirada del Premi Catalunya de Sociologia, que había sido concedido en el año 2019. Esta medida se fundamenta en la modificación de las bases del galardón que el jurado realizó a favor de la candidatura del premiado.

El instituto ha convocado elecciones para constituir una junta provisional, que tendrá la tarea de elaborar una propuesta de reforma de los estatutos en un plazo máximo de seis meses. El informe también destaca una instrumentalización de la ACS como altavoz de los intereses de un grupo y un blindaje progresivo de la junta directiva, mayoritariamente vinculada a este entorno, ante la crítica y la discrepancia.