La iniciativa contó con el apoyo del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Junts, por su parte, votó a favor de algunos artículos, pero rechazó el núcleo de la norma. La validación se produjo después de que el Consell de Garanties Estatutàries avalara la mayor parte del texto, incorporando enmiendas para impedir la caducidad de la prórroga automática de los pisos de protección oficial.

La clave de la nueva regulación reside en el motivo por el cual se alquila la vivienda. Si el uso es residencial, independientemente de la duración (por ejemplo, seis meses de formación), se aplicará el tope de precios, ya que Barcelona se considera una zona tensionada. El alquiler de uso turístico queda excluido de esta limitación.

La norma también regula el alquiler de habitaciones, estipulando que la suma de los precios individuales no podrá superar el tope establecido para el piso completo. Para asegurar el cumplimiento, se crea la figura del inspector, encargado de controlar el uso real de la vivienda, detectar fraudes y aplicar sanciones.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su alcalde, anunció que aplicará la nueva regulación de forma inmediata una vez entre en vigor. Aunque la competencia recae en la Generalitat, el alcalde instó a la administración autonómica a “afinar mucho con la inspección y las sanciones” para combatir las irregularidades.