La iniciativa, presentada en rueda de prensa en el barrio de Sant Llorenç, surge como respuesta a una “queja recurrente” de los vecinos. Según la portavoz, el problema no reside en la falta de normativa —la ordenanza de 1991 ya prevé la retirada después de 15 días— sino en la “falta de agilidad y eficiencia en la gestión” municipal.
“"Es una queja recurrente de vecinos de muchos barrios, que impacta directamente en la calidad de vida, el espacio público y el medio ambiente."
La concejala Marta Giménez ha subrayado que la lentitud en los procesos provoca que vehículos claramente inservibles permanezcan semanas o meses, ocupando plazas de aparcamiento y generando una sensación de dejadez. Recordó que la normativa estatal de 2021 ya los considera residuos que requieren tratamiento ambiental.
La resolución busca ser constructiva y plantea diversas medidas clave. Entre ellas, se incluye la actualización de los protocolos, el incremento de la frecuencia de inspecciones y la creación de herramientas digitales para facilitar la comunicación de incidencias por parte de la ciudadanía.
El PP también reclama mejorar la coordinación entre la Policía Municipal, el depósito y los servicios ambientales. Además, piden una campaña informativa y la publicación de un informe anual del servicio con datos para evaluar su rendimiento.
“"Recuperar espacio público, mejorar el aspecto de las calles, reducir riesgos ambientales y dar respuesta a una demanda ciudadana."
