Familias como la de Walid Guerchouch, residentes en la avenida de Madrid, se enfrentan a la incertidumbre desde que Vandor adquirió el inmueble en 2022. El fondo posee 13 edificios completos en Barcelona, sumando cerca de 200 pisos, con el objetivo de convertirlos en colivings, un modelo de alquiler por habitaciones que elude la regulación del tope de precios.
La estrategia de Vandor incluye no renovar contratos y ofrecer compensaciones económicas crecientes para evitar procesos judiciales largos. Vecinos como Rubén Sospedra (calle Còrsega) o Wendy Sosa (calle Concòrdia) han recibido ofertas de entre 10.000 y 30.000 euros. Sin embargo, muchos se niegan, como Elisabeth Lezama de Consell de Cent, quien afirma: “Yo no quiero 30.000 euros; quiero poder vivir en mi piso”.
“"Alguien que no sabe ni quién eres decide que tú no puedes continuar con la vida que llevas. Es como si dejaran caer una bomba sobre el edificio."
La resistencia de los inquilinos, organizados a través del Sindicato de Inquilinas, ha resultado en demandas de desahucio contra familias como la de Wendy Sosa, que vive en el Poble-sec desde 1998 con un sobrino con discapacidad. Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas, lamenta que la nueva ley que el Parlament aprobará este jueves para regular el alquiler de temporada llegue “dos años tarde”.
Vandor se defiende argumentando que “siempre actúa desde el respeto a la legalidad” y que su modelo de negocio, gestionado por CoTown y Vanguard Student Housing, ofrece “soluciones flexibles y personalizadas”. El fondo subraya que el 94% de los contratos preexistentes se han resuelto mediante acuerdos negociados, y defiende que sus precios incluyen servicios no comparables con el alquiler tradicional.
