La propuesta de sanción a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se debe a no haber comunicado la protesta, no acatar las órdenes de los Mossos d'Esquadra y provocar desórdenes públicos que impidieron el recorrido previsto por la comitiva del monarca por carretera durante la visita del 23 de junio a Montserrat. Esta sanción de 400 euros es recurrible y se encuentra actualmente en trámite de alegaciones.
“"La organización no colaboró lo suficiente para que no se produjeran ciertos desórdenes."
La consejera Parlon explicó en la comisión parlamentaria que el año pasado se comunicaron 5.234 manifestaciones en Cataluña, entre las que no se encontraba la de Montserrat. Durante aquella protesta, unos 200 manifestantes cortaron el acceso por carretera a la Abadía, obligando al rey Felipe VI y la reina Letizia a llegar en helicóptero. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, señaló que existe un procedimiento judicial abierto contra un manifestante por un delito de atentado contra la autoridad por golpear a un jefe de la Brigada Móvil.
Respecto a las protestas en apoyo de la Global Sumud Flotilla y Palestina, celebradas en Barcelona a principios de octubre, Trapero defendió el uso de gas pimienta por parte de los Mossos ante situaciones de “violencia generalizada” y “de urgencia y con riesgo existente”. Detalló que los agentes utilizaron este sistema de dispersión cuando los manifestantes intentaron cortar la Ronda Litoral, arrojaron piedras, botellas y artefactos explosivos domésticos con ácido contra los agentes, e impidieron la salida de un autobús de un equipo de baloncesto de Israel alojado en Sants el 15 de octubre.
La consejera Parlon reivindicó la labor del cuerpo como “modelo”, asegurando que los Mossos “garantizan las protestas de los manifestantes” mientras protegen infraestructuras críticas. Destacó que las actuaciones se guían por los principios de “proporcionalidad” y “ponderación”, con controles internos y externos para supervisar las intervenciones.
