La petición de la Fiscalía surge de la disparidad entre los casos que llegan a su mesa, mayoritariamente alertados por los servicios sociales o geriátricos, y las notificaciones recibidas directamente de las notarías.
Según el ministerio público, en los últimos dos años solo se han notificado dos casos de abuso patrimonial por parte de las notarías en toda la demarcación de Barcelona, una cifra que el fiscal Torres considera muy baja dada la frecuencia de sospechas.
“"Los notarios deberían poner en conocimiento de la Fiscalía todos los casos en que vean que una persona vulnerable, o con cierta desorientación, pretenda dar un poder o realizar un acto jurídico trascendental."
Torres insiste en que los notarios deben detener cualquier acto jurídico trascendental, como una venta o un poder, si la persona mayor o vulnerable no está en plenitud de condiciones y va acompañada de familiares o amigos con indicios de una “influencia indebida”.
La Fiscalía General del Estado está trabajando actualmente para mejorar la comunicación entre notarías y fiscales, además de preparar un protocolo que facilite el acceso de los fiscales especializados a los historiales de los afectados.
Las personas mayores representan aproximadamente el 65% de las víctimas vulnerables que atienden las secciones de la Fiscalía de Barcelona, que coordinan los procedimientos civiles (liderados por Antoni Torres) y los penales (encabezados por Sílvia Armero) para agilizar la respuesta ante la estafa y la apropiación indebida.
