La media de las compensaciones abonadas asciende a 14.664 euros por vivienda. Cataluña es la comunidad autónoma que más peticiones ha registrado desde que entró en vigor el escudo social, con un total de 2.560 solicitudes. Sin embargo, solo el 23% (601) han sido aceptadas, mientras que 1.445 (el 56%) siguen pendientes de valoración por las autoridades.
El cuello de botella en la gestión se produjo especialmente en 2025, cuando la Agència de l’Habitatge recibió más de 1.200 peticiones, duplicando las cifras del año anterior. Este aumento se debe a que las personas jurídicas están detrás del 70% del total de solicitudes registradas desde 2021, un porcentaje que se disparó hasta el 84% de las peticiones en 2025.
“"Muchas de las familias vulnerables que han sido amparadas por la moratoria viven en pisos de grandes propietarios, que en su mayoría son empresas."
Esta alta concentración de solicitudes empresariales lleva a la conclusión de que la mayoría de familias vulnerables residen en viviendas de grandes tenedores, según ha señalado Guillem Domingo, técnico de vivienda del Observatori Desca. Este centro de Barcelona defiende que el escudo social se prorrogue hasta asegurar el realojo de todas las familias vulnerables.
Por otra parte, la medida es cuestionada por expertos como Gemma Caballé, subdirectora de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Caballé argumenta que la moratoria ha implicado una "intervención excesiva a cargo de los propietarios" y que las compensaciones, además de ser escasas, no son la solución más idónea para la falta de oferta de vivienda.
En cuanto a la distribución geográfica, el municipio de Barcelona concentra el 27% de las peticiones (688), seguido por Badalona (5%) y L’Hospitalet de Llobregat (4%). Este debate se produce poco después de que el Congreso de los Diputados rechazara la prórroga de la prohibición de los desahucios para personas vulnerables.
