La jueza del Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha citado formalmente como investigados a los ex-directores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, en relación con el espionaje masivo llevado a cabo con el software Pegasus. El auto, fechado el 09.02.2026, también incluye a la ex-directora del CNI, Paz Esteban López, y a los fundadores y directivos de las empresas Pegasus y Candiru.
Los cinco querellantes —los empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives— se dedicaban a la gobernanza descentralizada y la identidad digital soberana. La querella documenta que las autoridades españolas justificaron el espionaje alegando que el potencial uso futuro de estas herramientas de voto digital por parte de terceros constituía una amenaza a la “seguridad nacional”.
Las identidades e información confidencial de los proyectos empresariales, extraídas con software espía, fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación.
Esta filtración, según Sentinel Alliance, fue un intento deliberado de perjudicar comercialmente a las empresas tecnológicas y la reputación de los afectados. Durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software de grado militar capaz de extraer datos sensibles y activar remotamente micrófonos y cámaras.
Citizen Lab documentó al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno, incluyendo familiares y el asesor Elies Campo. Ninguno de los querellantes fue imputado en ningún procedimiento penal, y las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos, impidiéndoles la posibilidad de defenderse legalmente.
