La habilidad de la extrema derecha para llevar las discusiones sociales a su terreno ha sido evidente con la propuesta de regularización de medio millón de personas que viven en el país sin estatus legal. Partidos como Vox, y a su estela el Partido Popular (PP), han enmarcado la cuestión en términos estrictamente político-electorales: “papeles por papeletas”, reduciendo la regularización a un episodio más de la batalla partidista.

Esta táctica impide afrontar el fondo del debate, que es la economía y los privilegios que otorga a ciertos actores económicos la disponibilidad de una ingente cantidad de trabajadores sin derechos. Estos trabajadores no están amparados por el marco legal que sí cobija a los registrados, facilitando el ahorro de cotizaciones, horarios no regulados y sueldos de miseria.

La extrema derecha actúa como solícita aliada de estos beneficiarios, utilizando cortinas de humo para evitar discutir quién se beneficia realmente de tener más de medio millón de personas trabajando en negro. Este contexto se vio reflejado en el encuentro de un grupo selecto de empresarios con la líder de un partido xenófobo con representación en el Parlament, una estampa que recuerda la descrita por Éric Vuillard en su libro El orden del día, donde fuerzas que se presentan como antisistema buscan preservar los privilegios existentes.