Suspendido un desahucio en Sant Andreu: el Sindicat de Llogateres dice que es el primero frenado por el «decreto Maricarmen»

El juzgado ha aplazado sin nueva fecha el lanzamiento de una vecina de la calle Otger mientras cerca de un centenar de personas se concentraban frente a su casa

Concentración en la calle Otger, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, para detener el desahucio de una vecina, este jueves.

Concentración en la calle Otger, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, para detener el desahucio de una vecina, este jueves.

El juzgado ha suspendido hasta nueva fecha el desahucio de una vecina del barrio de Sant Andreu de Barcelona que estaba programado para este jueves. Lo ha anunciado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, mientras cerca de un centenar de personas se concentraban en la calle Otger, donde vive la mujer, para intentar evitar el lanzamiento, según ha informado la ACN.

Según el sindicato, el juzgado ha aceptado la suspensión después de que su equipo legal la exigiera alegando el nuevo decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros, el llamado «decreto Maricarmen». El Sindicat de Llogateres afirma que es el primer desahucio que se frena gracias a esta norma, que el Congreso vota este viernes. Por ahora, no hay nueva fecha para el lanzamiento.
Uno de los dos reales decretos leyes aprobados a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas, amplía la moratoria de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para las personas vulnerables que no tengan ninguna alternativa habitacional.
El sindicato sostiene que la vecina se encuentra en una situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, y que este era el segundo intento de desahucio que afrontaba este año. El anterior también se suspendió.
Según el relato del sindicato recogido por El Periódico, la mujer vive en el piso desde 2017 con un alquiler pactado de palabra. Cuando pidió formalizar el contrato, el propietario le propuso un contrato por una habitación por el mismo precio que ya pagaba, 850 euros al mes, y ella lo rechazó. El sindicato afirma que los intentos de negociar con la propiedad no han prosperado.
En el mismo distrito, medio centenar de personas, entre ellas siete menores, que viven en el bloque del número 74 de la calle Llenguadoc afrontan un desahucio previsto para el miércoles 7 de octubre, según ha publicado 20minutos. Las vecinas del bloque explican a ese diario que no se hacen ilusiones con el decreto, porque creen que llega tarde para ellas.