El estudio, basado en una encuesta a un centenar de profesionales, señala que el aumento de denuncias y solicitudes ha desbordado los recursos existentes. La consecuencia más grave es el tiempo de espera medio de 3,3 meses desde el primer contacto hasta el inicio de la atención, un plazo que el síndic ha calificado de “excesivo”.

Esta demora provoca una alta tasa de desvinculación: una de cada tres personas atendidas abandona el servicio antes de completar el proceso. Las esperas varían según el recurso: 3,7 meses en servicios sociales, 4 meses en entidades especializadas y 2,3 meses en recursos sanitarios.

El informe también destaca la falta de claridad en el circuito de atención, especialmente para violencias no recientes, ya que no existe ningún servicio específicamente especializado en estos casos ni en el tratamiento terapéutico del trauma a medio y largo plazo. Esto obliga a las víctimas a pasar por una media de 2,17 servicios antes de encontrar el adecuado.

Finalmente, la sindicatura pone el foco en la precariedad laboral y la falta de personal. Propone dotar los servicios de suficientes recursos, mejorar las condiciones laborales y crear categorías profesionales específicas que garanticen la especialización en la atención a las violencias sexuales.