Un estudio de Amnistía Internacional concluye que la Fiscalía está obstaculizando las investigaciones judiciales sobre el espionaje masivo con programas como Pegasus o Candiru, enmarcado en el caso conocido como Catalangate. La ONG ha presentado el análisis en la sede del Col·legi de Periodistes en Barcelona, señalando cómo la justicia ha afrontado la ofensiva para espiar a activistas, periodistas, políticos y abogados vinculados al Procés.
El informe detalla que diez causas judiciales abiertas en Barcelona desde hace seis años, que afectan a expresidentes de la Generalitat como Pere Aragonès o Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, están marcadas por la "inacción, la obstrucción de las investigaciones y la revictimización de las personas espiadas".
El estudio reprocha especialmente el papel de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido haber espiado al menos a 18 personas con software de la empresa NSO. Amnistía Internacional reclama que el ministerio público "abandone su rol de defensor del Estado" y se ponga del lado de las víctimas, promoviendo "diligencias necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos, como las personas responsables".
Virginia Álvarez, una de las investigadoras, ha calificado de "triste y clara" la situación en la que las víctimas "aún no saben ni cómo ni por qué les espiaron". El informe señala que las víctimas sufren un "ciclo sin fin de obstáculos" para obtener amparo y auxilio a la investigación por parte del ministerio fiscal, que habría tomado actuaciones destinadas a ralentizar o detener los procesos judiciales.
Amnistía Internacional remarca cómo el ministerio fiscal dificulta el progreso de las investigaciones, oponiéndose a diligencias solicitadas por las acusaciones y mostrando "dilaciones" al valorar peticiones que no se alinean con los estándares de una investigación rápida y efectiva.
La ONG también destaca las dificultades para determinar la responsabilidad del CNI y de NSO Group, o de sus directivos. Las víctimas han tenido que solicitar comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación, pero la ausencia de respuesta de otros países, a menudo por "falta de diligencia debida" de las autoridades españolas, ha llevado a solicitudes de archivo.
El estudio argumenta que no se debe detener una instrucción esperando eternamente respuestas internacionales, especialmente cuando existen otras diligencias "útiles y necesarias". Acusa a la fiscalía de evitar impulsar estas comisiones o de revictimizar a los espiados pidiendo análisis telefónicos cuando sospechan de servicios de seguridad del Estado.
El informe propone a la Fiscalía que investigue el Catalangate como una "operación de espionaje masivo", que promueva una investigación sobre el funcionamiento de Pegasus y las vulneraciones de derechos humanos, y que sea proactiva con las diligencias y colabore con las víctimas.
Además, Amnistía pide la colaboración de los poderes del Estado e instituciones europeas, impulsar una nueva legislación para proteger derechos fundamentales (reforma de la ley del CNI y de Secretos Oficiales), y la suspensión del uso, compra, venta o transferencia de instrumentos de vigilancia masiva.
