El escrito de acusación se centra en las deficiencias detectadas en el mantenimiento del parque móvil de los Bomberos de la Generalitat. El ministerio público se alinea con las acusaciones populares para señalar a la antigua cúpula de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS).

Entre los acusados figuran Manuel Pardo, exdirector de la DGPEIS, y responsables de la empresa Iturri. El fiscal critica el uso del reconocimiento de deuda para suplir la falta de presupuesto ordinario, lo que podría haber ocultado sobrecostes en el servicio.

Las defensas han pedido el sobreseimiento, alegando que no hubo enriquecimiento ilícito sino una gestión compleja debido a la falta de liquidez de la Generalitat.