La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha iniciado una nueva investigación a raíz de nuevas denuncias sobre el servicio Proyectos de Inserción Laboral (PIL) Riu Ter, destinado a jóvenes extutelados bajo la tutela de la Generalitat. Las denuncias apuntan a la gestión de "plazas fantasma" por parte de la UTE formada por la Fundació Resilis y la Mercè Fontanilles, entidades ya bajo escrutinio. Estos mismos testimonios, sin embargo, no han detectado irregularidades similares en otros servicios de tutela de menores de la DGAIA donde han trabajado.
Paralelamente, la vía judicial presenta dificultades. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha rechazado la petición de la entidad Guardianes de la Inocencia para reducir la fianza de 4.000 euros establecida para presentar una querella. Por otro lado, la entidad jurídica Acció Cassandra ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra el archivo de su querella por el Juzgado de Instrucción 27, que consideró que no había indicios suficientes para iniciar diligencias.
La nueva investigación de Antifraude, comunicada el pasado 18 de marzo, se centra en "presuntas irregularidades en la gestión de servicios de residencia o pisos para jóvenes vinculados a programas de inserción laboral (PIL) del Riu Ter". Según el decreto firmado por el director de investigaciones, Manuel Díaz, se ha abierto una actuación previa de verosimilitud para evaluar las denuncias recibidas, que apuntan a la gestión de la UTE Mercè Fontanilles y Resilis.
Las denuncias de tres testimonios que han trabajado para la entidad describen irregularidades en el funcionamiento del programa de inserción laboral para jóvenes de entre 16 y 21 años. El principal señalamiento es que "llevan años con jóvenes dados de alta que ya no están dentro del programa", generando "plazas fantasma" por las que la Generalitat sigue pagando.
Un primer testimonio relata que las parejas educativas tenían menos jóvenes asignados de los previstos, con pisos medio vacíos, mientras el centro cobraba por plazas ocupadas por jóvenes que ya no estaban. La situación, según este testimonio, era conocida por todo el equipo y permitía "menos trabajo por el mismo dinero".
Una segunda denunciante, orientadora sociolaboral, corrobora estas afirmaciones, detallando que algunos jóvenes dados de alta vivían autónomamente en otras ciudades sin recibir ninguna ayuda, dejando habitaciones vacías. Además, menciona la posible falsificación de firmas para confirmar la continuidad del servicio, una práctica que, según la denunciante, se hacía para "proteger el servicio" y a la que ella misma cedió bajo coacción. Esta misma persona se integró posteriormente en otro PIL en Girona donde no detectó anomalías similares.
Un tercer testimonio insiste en la existencia de "plazas fantasma" como un "secreto de dominio público" dentro del equipo. Esta persona señala que el director del servicio les hacía dejar fechas en blanco en documentos para poner la fecha que le convenía, y que se falsificaban firmas y planes de atención individualizados para simular la atención a usuarios que no vivían del recurso. El miedo a la influencia de las entidades implicadas, como Resilis y la Fundació Mercè Fontanilles, motivó su marcha.
Mientras tanto, la vía judicial continúa atascada. La querella presentada por Acció Cassandra por presuntas irregularidades "sistémicas" en la gestión de la DGAIA, que apuntaba a exconsejeros y secretarios generales, fue archivada por el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona. El juez argumentó falta de indicios suficientes, decisión que ha sido recurrida ante la Audiencia de Barcelona. La querella de Guardianes de la Inocencia, además de la denegación de la reducción de fianza, aún no ha visto avances significativos.
