Desde el equipo de gobierno se ha querido atajar de raíz las especulaciones sobre una posible intervención financiera por parte del Ministerio de Hacienda. La concejala Eva Guillen ha calificado la noticia de "absolutamente falsa" y "alarmista", negando cualquier tipo de intervención encubierta.
Paralelamente, los grupos de la oposición (PSC, ERC, ECP y Guanyem) han unido fuerzas para reclamar una reunión urgente con el alcalde, Xavier García Albiol, y el interventor municipal. Argumentan que las informaciones publicadas evidencian un "incumplimiento flagrante" de los plazos de pago y una situación financiera "especialmente preocupante", tal como habría alertado el propio interventor.
La concejala Guillen ha admitido que el consistorio arrastra problemas con el periodo medio de pago (PMP) a proveedores desde 2018, una situación advertida ya por la Generalitat. Ha explicado que el plan de proveedores, aplicado desde 2022, ya se está activando en el municipio, "por tanto, no es una situación nueva", ha subrayado.
No obstante, la concejala ha defendido la gestión actual, destacando la licitación de contratos clave vencidos, como el de limpieza, y la regularización de la deuda acumulada. Ha detallado que en el pleno de diciembre se aprobaron 30 millones de euros en facturas pendientes, y que se añadirán 16 millones más en los próximos plenos, mostrándose confiada en volver a los "ratios idóneos de PMP".
La oposición, por su parte, ha denunciado un "fracaso de la gestión económica", señalando un remanente "atípico", un bajo nivel de ejecución presupuestaria y los retrasos en los pagos. Consideran "inadmisible" que Badalona acumule "cientos de millones sin ejecutar" mientras los servicios esenciales se deterioran.
Entre sus demandas, los partidos de la oposición reclaman la comparecencia pública del gobierno, acceso a los informes económicos y un plan de choque para revertir el "colapso administrativo", exigiendo transparencia sobre las exigencias del Ministerio de Hacienda. Advierten que la situación actual "mina la credibilidad institucional" y afecta a los servicios públicos y la confianza de los proveedores.
