La Comisión de Gobierno ha aprobado destinar más fondos al programa, aumentando la partida de 56.000 a 256.000 euros, y ha extendido el periodo de solicitud hasta el próximo 31 de diciembre. Esta medida busca facilitar que los vecinos limiten la presencia de viviendas de uso turístico y mejoren la convivencia en los edificios.
Las comunidades de vecinos pueden aprobar o modificar sus estatutos para restringir el uso turístico de las viviendas. La iniciativa se enmarca en un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Cambra de la Propietat Urbana y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, con el objetivo de promover un uso residencial de los edificios y clarificar las normas de convivencia.
La primera convocatoria, lanzada en febrero, recibió más de 80 solicitudes, superando las expectativas municipales. El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha destacado que el objetivo es "contribuir a la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad".
Las subvenciones cubren hasta el 50% de los gastos de gestión para modificar estatutos, incluyendo costes de notaría, registro y honorarios profesionales. La ayuda puede alcanzar los 1.500 euros por modificar estatutos vigentes o hasta 2.500 euros por la creación de nuevos estatutos.
Para acceder a las ayudas, las comunidades deben aprobar la prohibición expresa del uso turístico, asegurar que el texto sea homologable a las cláusulas establecidas por las entidades colaboradoras, inscribir los estatutos en el Registro de la Propiedad y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Esta ampliación llega mientras el Ayuntamiento mantiene su intención de extinguir las más de 10.000 licencias de pisos turísticos existentes antes de 2028, una medida respaldada por el 75% de la población según el barómetro municipal. Un estudio del IEB estima que esta acción podría reducir los precios de alquiler entre un 8% y un 13,4% y los de compraventa un 6,1%, sin afectar al PIB.
