Esta decisión surge tras detectar un incremento en el riesgo de ocupaciones no autorizadas en diversos terrenos de titularidad pública. El objetivo principal es evitar la formación de campamentos y asegurar la preservación del patrimonio municipal.
“"La finalidad de este contrato consiste en garantizar la seguridad de las personas y permite la verificación del estado de los solares y el seguimiento en cuanto a intrusiones."
Los vigilantes realizarán tareas de control preventivo y, en caso de detectar una intrusión, avisarán inmediatamente a la Guàrdia Urbana para proceder al desalojo antes de que la ocupación se consolide.
