Barcelona endurece la normativa de obras con multas de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa una nueva ordenanza para mejorar la calidad y coordinación de las obras en la vía pública y simplificar trámites.

Imagen genérica de una valla de obra en una calle de la ciudad, con herramientas de construcción y conos de seguridad.
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Imagen genérica de una valla de obra en una calle de la ciudad, con herramientas de construcción y conos de seguridad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para una nueva ordenanza que regulará las obras e instalaciones de servicios en el espacio público, con el objetivo de mejorar la calidad y coordinación, e incluirá multas de hasta 3.000 euros.

La iniciativa busca actualizar un marco normativo que data de 1991, con un enfoque más exigente en seguridad, accesibilidad y calidad. Además, se pretende simplificar los procesos administrativos y establecer un régimen sancionador claro para las infracciones.
La Comissió de Govern aprobó recientemente esta iniciativa normativa, que representa el primer paso hacia la implementación de la futura ordenanza. Esta medida surge de la necesidad de coordinar de manera más efectiva a las empresas de suministros y la administración municipal en las intervenciones en el espacio público.

"A menudo no existen los incentivos necesarios para cumplir las obligaciones que marca la normativa si esto no va acompañado de un régimen sancionador específico."

Laia Bonet · Teniente de Alcaldía de Barcelona
La teniente de alcaldía Laia Bonet ya había destacado previamente la importancia de un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. En enero, Bonet y el alcalde Jaume Collboni se reunieron con representantes de empresas como Aigües de Barcelona, Nedgia, e-distribución, Red Eléctrica Española y Telefónica para subrayar la importancia de la máxima calidad en la ejecución de las obras.
La nueva ordenanza también promoverá una mayor coordinación entre los operadores y con la administración mediante un ente gestor que unificará las peticiones de actuación. Esto permitirá reducir las molestias a la ciudadanía y establecerá un compromiso ambiental real, incentivando el uso de maquinaria eléctrica y materiales reciclados, así como la retirada de servicios obsoletos.
El régimen sancionador prevé tres tipologías de infracciones (leves, graves y muy graves), con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros por vulneraciones de la legislación urbanística o 1.500 euros por incumplimiento de las condiciones de autorización municipal. Paralelamente, se actualizará el Manual de Calidad de las obras en el espacio público, que desde 2014 sirve de guía y ahora se alineará con el Plan Endreça para mejorar la calidad, seguridad e imagen de las obras, incorporando por primera vez una perspectiva de género.